En el país de los ayatolás, al menos tres personas han sido condenadas a muerte por los disturbios de la resaca electoral. La preocupación internacional se cierne, sobre todo, en cuán ciertos son los testimonios obtenidos para llegar a esas sentencias. Muchos de ellos, se sospecha, fueron conseguidos bajo condiciones de tortura. Amnistía Internacional denuncia que no existen garantías ni transparencia en los procesos, pero la respuesta de Teherán ha sido siempre nula.
Esa preocupación aumenta cuando uno mira las figuras oficiales y las de otros grupos. Según cifras oficiales, dos docenas de personas murieron; según algunas organizaciones, fueron doscientas. La diferencia es abismal. El miedo para las familias de todos esos desaparecidos sigue ahí, y la mayoría se teme lo peor. Los que ya saben que ha ocurrido lo peor, como la familia de Neda Soltan, se enfrentan ahora a las ironías del destino. Como que el Estado reconozca a su hija como una mártir tras ser muerta, supuestamente, por el propio Estado. Obviamente, han rechazado esa denominación. Al menos el miedo ya no lo tienen.
Miedo es precisamente lo que muchos analistas creen que el gobierno de Ahmadinejad trata de conseguir con estas sentencias a muerte. Haciendo de unos pocos un ejemplo, el ejecutivo trataría de hacer callar a la oposición, afirman.
En China al menos, los números oficiales sí que se conocen. 197 muertos y más de 1.600 heridos fue el saldo de una semana de enfrentamientos. La controversia va sobre quién puso más muertos, si los Han o los Uighur. En el día después, con las sentencias de muerte, el resultado es claro. De los seis -doce en el momento de traducir este artículo- condenados a muerte, todos ellos son musulmanes Uighures.
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