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Hay una seria diferencia entre la clase política latina y la anglosajona: los segundos aun tienen vergüenza y algo de honra, pese a dedicarse a la política.

Consagrar la vida de uno mismo a insultar al contrario, vivir a un alto tren de vida y acariciar el poder tiene que corromper a la fuerza. Muy santo se ha de ser para no tener un momento de debilidad. La prueba está en que prácticamente en todos los países del mundo hay, ha habido y habrá tramas de corrupción política.

Todos podemos errar. Los políticos más por aquello de tener la tentación más cercana y más fuerte. Sin embargo, mientras el errar es humano, el perpetuarse en el error es de idiotas. Y el tratar de engañar, ocultar hechos o ser un cínico escurriendo el bulto tras haber errado, si se hace más de lo permitido en política, debería ser una vergüenza.

No así en los países latinos. Hablábamos hace unos días de Italia y Berlusconi. En España, las cosas no van muy desencaminadas tampoco.

Los mayores escándalos españoles de los 80 y 90 los protagonizaron los socialistas que habían estado en el poder y sus amigos. Ahora, seis años después de abandonar el poder, le toca el turno a los populares. Francisco Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana se enfrenta a un posible caso de uso indebido del dinero público para disfrute personal. Concretamente para pagar unos trajes. Pero él es sólo la cúspide de una pirámide de fraude que va mucho más allá, con varios imputados, algunos muy cercanos a la antigua cúpula de José María Aznar.

Lo normal en estos casos sería que el afectado clamase su inocencia (por supuesto). Si el asunto es demasiado turbio (y este lo es), lo normal es que dejase el cargo, al menos momentáneamente, hasta que se esclarecieran los hechos. Sobre todo si sabe -o sospecha- que es real, incluso aunque se cometiera por error. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Reino Unido. Allí se vive un escándalo similar, con decenas de ministros, diputados e incluso Primeros Ministros (Blair, Brown) de ambos partidos apareciendo en listas de corruptos.

Los que mayores deudas tienen -al menos, de momento, sólo sobre el papel hasta que se demuestre su culpabilidad-, como Shahid Malik, Ministro de Justicia, han dimitido. Los lideres de los partidos entonan el mea culpa personal y a nivel de conjunto. La vergüenza hace que los afectados miren al suelo. En España, sin embargo, no. De hecho, es todo lo contrario.

Dimitir en España -o en Italia- no se lleva. Muy, pero que muy grave tiene que ser la cagada que haya hecho un político para que dimita. En Reino Unido dimiten por unas deudas relativas a pagos de dietas, en Estados Unidos por hacer volar bajo el avión presidencial sobre Manhattan. En España, una malversación de fondos públicos, la muerte de casi un centenar de soldados por contratar aviones de bajo coste o el agravar este hecho al no identificar debidamente los cadáveres y mezclar los restos, no merece una dimisión. Ni una disculpa siquiera. Ni vergüenza. Mientras no te pillen, puede que incluso te asciendan.



Photo: EFE
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