Micheletti sube la apuesta

La situación en Honduras pende de un hilo más delgado a cada día que pasa. Y en cuestión de pocos más -diez-, puede evolucionar en un conflicto con implicaciones internacionales. De las de verdad.

Desde que el pasado junio, el presidente Manuel Zelaya fuera expulsado del país caribeño, éste ha vivido un sinvivir. Ahora, coincidiendo con las peticiones de la ONU de la pasada semana pidiendo la restitución del diálogo, la cosa se calienta aún más.

Estados Unidos y Europa han hecho más bien poco hasta ahora. Los americanos, responsables del 75% de las exportaciones hondureñas, se han quedado en un par de discursos de Obama. En el ámbito internacional, sólo la OEA ha expulsado al gobierno de Micheletti de sus instituciones, mientras que el FMI ha congelado la ayuda económica.

Pero la principal ayuda para Zelaya ha venido siempre de sus vecinos más cercanos: los países latinoamericanos, y especialmente Venezuela, México, Argentina y Brasil. Éste último incluso acogió a Zelaya en su embajada en Tegucigalpa tras regresar éste al país. Tras producirse este hecho, miles de hondureños se congregaron frente a la embajada donde Zelaya dio un discurso. Los choques con la policía y el ejército, obviamente, no se hicieron esperar.

Inmediatamente, la embajada brasileña fue sitiada. El agua y la electricidad se cortaron y la embajada ha sido bombardeada con gas lacrimógeno y armas sónicas. El sábado llegó la decisión de romper lazos diplomáticos con Brasil.

Micheletti ha dado a Brasil diez días para que su cuerpo diplomático abandone el país. Lula ya no tiene derecho a tener embajada en Tegucigalpa. Asimismo, dos empleados de la embajada española que volvían de vacaciones y cuatro oficiales de la OEA fueron mandados de vuelta en el aeropuerto. Al día siguiente, en un ejercicio de bipolaridad, se les invitó a volver.

Pero el gobierno golpista no actúa de forma errática y desorientada sólo en el exterior. Micheletti declaró el domingo el estado de sitio, cerrando dos medios críticos con el gobierno golpista, la televisión Canal 36 y la emisora Radio Globo; y suspendió suspendió media docena de derechos civiles, entre ellos los de libre expresión, circulación y reunión. Todo ello para, al día siguiente, pedir perdón y retractarse (aunque sin derogar la clausura de los medios ni el decreto del estado de sitio).



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